El gobierno socialista de Zapatero aprovechando el paquete de medidas económicas para hacer frente a la actual crisis inmobiliaria-porque los bancos y las grandes empresas siguen teniendo superbeneficios que rondan, en algunos casos, el 19%-, ha suprimido el “impuesto de los ricos”, es decir el impuesto sobre el patrimonio. Con lo cual cerca de un millón de contribuyentes dejaran en 2008 de pagar a Hacienda por sus bienes y acciones, con un ahorro de 1.800 millones de euros. Aún más, a los 8.000 españoles más ricos se les ha regalado 118.000 euros a cada uno.

Mientras tanto, a 16,4 millones de contribuyentes (trabajadores, autónomos y pensionistas) nos descontaran de la nómina de junio 200 euros y 33 euros al mes hasta diciembre de 2009. es decir, al resto de los ciudadanos nos rebaja mucho menos y además a plazos.

Una simple comparación nos viene a dar la razón sobre lo injusto de la medida. Mientras que a los 8.000 españoles más ricos se les han regalado 118.000 euros a cada uno, al millón de contribuyentes más pudientes la rebaja fiscal les supone 1.800 euros de media y a 16,4 millones nos supone 400 euros. Casi cinco y trescientas veces menos y además a plazos.

Uno de cada diez no llegará a deducir 400 euros
Ademas, más de 1,7 millones de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) no podrán aplicar íntegramente la deducción de los 400 euros porque la cuantía que les sale a pagar en el impuesto no llega a esa cantidad (es lo que técnicamente se denomina insuficiencia de cuota, ya que sólo se puede deducir sobre la cuota a pagar hasta dejarla en cero). Es decir, que el 10% de los beneficiarios obtendrían una devolución inferior a 400 euros. De ellos, 1,65 millones serían trabajadores y 86.000, empresarios o profesionales, según la Memoria Económica del decreto ley de medidas de impulso a la actividad económica que ha remitido el Gobierno al Congreso de los Diputados. Los cálculos, realizados sobre datos del ejercicio fiscal 2005, cifran la deducción media por contribuyente en 348 euros anuales. La deducción media para los declarantes de rendimientos del trabajo (13,1 millones de beneficiarios calculados) se sitúa en 341 euros, mientras que la de los no obligados a declarar el IRPF sube a 371 euros para 2,44 millones de contribuyentes. Además, unos 850.000 perceptores de rendimientos de actividades económicas tendrán una deducción media de 380 euros.