Eliminada la supervisión sindical, la privatización del Canal de Isabel II se gesta a través de una tupida red de lazos personales, políticos y económicos en torno al núcleo del PP madrileño una operación que contradice el discurso meritocrático del PP

Desde que el 16 de septiembre de 2008 Esperanza Aguirre anunciara la privatización del 49% del Canal de Isabel II mediante la creación de una sociedad anónima responsable de la gestión integral del agua en la Comunidad de Madrid, los sucesivos responsables del Ejecutivo autonómico han urdido, a golpe de decreto y de designaciones interesadas, una compleja trama para asegurar el control de la nueva plataforma de negocio.

El decreto 68/2012 de 12 de julio tumbó el decreto 51/2002 de 4 de abril que regulaba las normas y la composición del consejo de Administración de la empresa pública, un órgano que se vio sensiblemente menguado en número y en pluralidad: de los veinte consejeros, entre los que había miembros de la oposición, representantes sindicales y del comité de empresa del Canal, fueron eliminados de un plumazo todos los que no pertenecían al partido del Gobierno salvo un consejero de función ornamental sin peso representativo alguno.
Seguir leyendo>>