Alcanzar un acuerdo tan complejo -además de las pensiones comprende negociación colectiva, políticas de empleo, industriales y energéticas, que se irán concretando- ha obligado a ambas partes a ceder en sus pretensiones casi a partes iguales. El Gobierno pretendía reformar el sistema para frenar el creciente gasto que comporta. Y los sindicatos rechazaban cualquier recorte de derechos. Finalmente, el recorte se produce, aunque con los suficientes matices como para que las dos partes puedan divulgarlo como un éxito propio: el Ejecutivo logra el enunciado básico que había comprometido en mayo ante Bruselas de elevar a 67 años la edad legal de jubilación y los sindicatos introducen muchas excepciones a esa regla, con especial protección a los jóvenes y las mujeres como colectivos más vulnerables del sistema.
La principal renuncia sindical se centra en la edad de jubilación. CCOO y UGT se opusieron a aceptar esta nueva referencia legal, convocaron repetidas manifestaciones -la última, el pasado diciembre- y amagaron con otra huelga general si la cifra prosperaba. Para dar marcha atrás en un asunto tan crucial han sido clave las excepciones introducidas para mujeres y jóvenes: la consideración como cotizados de dos años máximo para cualquier trabajador (mayoritariamente mujeres) que dejen temporalmente su trabajo para cuidar a sus hijos y para los becarios, una vez han acabado los estudios universitarios.
Lo que el Ejecutivo se deja en el camino es la pretensión de ampliar más el colectivo que necesariamente tendrá que jubilarse a los 67 años si quiere cobrar el máximo de pensión. Porque dejar en 38 años y seis meses el periodo que se salva de trabajar hasta los 67 reduce la incidencia de esta medida. En la actualidad, algo menos de la mitad de los trabajadores que acceden al retiro tienen acreditados esos años cotizados, pero la proporción irá bajando mucho en los próximos años
Existe otro elemento ajeno a las pensiones que ha determinado el sí final de los sindicatos al acuerdo. Se trata de la alternativa que ofrece el Gobierno a la ayuda de 426 euros para parados sin rentas que expira el próximo mes. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, presentó un modelo de 350 euros que gestionarían las comunidades autónomas y que estaría condicionado a la disponibilidad presupuestaria. La fase final de la negociación ha elevado esta ayuda estatal vinculada a la formación a una cifra que rondará los 400 euros. Y será un derecho del trabajador sin tope presupuestario.
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