Parece una nueva maldición bíblica, que llega por partida doble: hay que ajustar 40.000 millones el presupuesto de España y además el margen es tan estrecho que el hachazo puede dejar en los huesos el Estado del bienestar, sobre todo si lo asumen las comunidades autónomas, que gestionan la sanidad y la educación.
Aunque la propaguen profetas muy cualificados, se trata en realidad de una decisión política del nuevo Gobierno del PP, según coincide la decena de economistas y expertos progresistas consultados por Público: la gran mayoría considera "arbitraria" la cifra y ofrece alternativas concretas para alcanzarla sin acrecentar aún más el déficit social con respecto a la UE: según la OCDE, el gasto público de España está aún siete puntos por debajo de la media de la eurozona.
La lista de expertos consultados incluye, entre otros, catedráticos como Miren Etxezarreta y Joan Ramón Laporte, expertos con experiencia institucional Agustí Colom, en la Sindicatura de Cuentas de Catalunya y Alejandro Inurrieta, en el Ministerio de Vivienda o con un contacto diario con la Administración tributaria como José María Mollinedo, inspector de Hacienda y secretario general de Gestha, el sindicato de técnicos del Ministerio.
Una única propuesta de Gestha ya compensaría por sí solo el hachazo. Según un estudio de la organización, reducir diez puntos el fraude fiscal que varios trabajos académicos sitúan en el 23% del PIB supondría recaudar 38.500 millones.