Las denuncias presentadas contra clínicas en las que se practica la interrupción del embarazo han puesto de manifiesto la necesidad de regular esta actividad en nuestro país.

Frente a la mayoría de los países europeos, que tienen en sus regulaciones una Ley de Plazos, España no tiene ley de aborto y sí una despenalización de la interrupción del embarazo que viene recogida en el Código penal. Estamos pues ante una regulación que penaliza la interrupción del embarazo –hay que recordar que fue tramitada hace 22 años, y ante una fuerte controversia social y política- y donde tuvieron prevalencia los postulados conservadores.

La despenalización sólo está permitida en tres casos: por violación, por graves defectos físicos del feto o por peligro grave para la salud física y psíquica de la madre. Los dos primeros se pueden alegar dentro de las 12 y 22 primeras semanas, respectivamente, mientras que el último no tiene límite.

Para colmo, en los centros sanitarios públicos los profesionales se han apuntado en avalancha a la objeción de conciencia, con lo que estas intervenciones médicas se vienen realizando casi en exclusividad en centros privados. Lo que sigue dando ese carácter de ilegal a estas actuaciones sanitarias.

Pero las mujeres españolas demandamos una Ley de Derechos y no de despenalizaciones, como el resto de ciudadanas europeas. Y queremos una Ley de aborto porque hay embarazos no deseados que tienen que resolver directamente las implicadas.

Frente a las penalizaciones, hay que pedir más educación sexual para evitar los embarazos no deseados. Tenemos experiencias que nos dan pistas claras al respecto. Países como Bélgica, Alemania y Holanda que tienen leyes de las más permisivas son los que tienen los porcentajes más bajos de aborto. Y también son los países con amplios programas de educación sexual.

Que el gobierno siga avanzando en ese borrador de Ley de aborto y que incorpore a los grupos de mujeres a la comisión de expertos, pero sobre todo que esta vez sea aprobada de una vez por todas y que no sea otro engaño o amago; ya que ha habido oportunidades anteriormente y el PSOE las ha eludido.

Pero no hay que olvidar que también hay que actuar sobre la sanidad pública para hacer que ese derecho sea efectivo realmente.

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