Atentos a la parcela entre Vereda de los Estudiantes y Derechos Humanos.
Entre la c/ Toledo, la carretera M-406 y el semáforo de Pereda hay una gran parcela destinada a equipamientos de 46.577 metros cuadrados en la que algunos han puesto su atención para destinarla a actuaciones lucrativas.
En dicha parcela es en la que en el anterior equipo de gobierno tenía acordado hacer una piscina municipal cubierta con tratamientos de agua para la salud junto a otras instalaciones deportivas, para paliar el déficit de plazas que existe en los barrios de la zona centro.
Era un buen objetivo que además servía para unir el barrio de Vereda de los Estudiantes con la almendra central y de paso dotaba de esas instalaciones deportivas a la zona centro de Leganés.
Desde el ayuntamiento se viene hablando de que esa parcela es de “oro” como para destinarla a equipamientos. Como si los equipamientos para los ciudadanos no los consideraran de gran valor –o al menos de menor valor que el “oro”-.
Desafectarla, es decir, cambiar la calificación de equipamientos, supondría perder espacio destinado a zonas deportivas y de uso público para contribuir, aún más, al gran desequilibrio existente entre ciudadanos y equipamientos deportivos y sociales que hay en Leganés.
Algunos, aquello que están pensado en recalificar dicha parcela, van diciendo que la zona centro ya tiene piscina y que por lo tanto no es necesaria dicha parcela para los cometidos que se pretendían.
Suponemos que se están refiriendo a la de Himoragua, esa piscina polémica en su construcción y de dudosa ubicación por el suelo en la que está ubicada. Además fue visitada por Esperanza Aguirre (PP), Rafael Montoya (PSOE), Raúl Calle (IU) -aunque IU estuvo en pleno-, Jesús Gómez (PP) y Carlos Delgado (ULEG) sin tener concedida la licencia de obra, a pesar de haber concluido prácticamente su construcción. Toda una demostración de desprecio a las leyes y normas urbanísticas, tanto del ayuntamiento de Leganés como de la propia Comunidad de Madrid.
Todo va cuadrando: algunos están pensando en algún convenio de este ayuntamiento con los propietarios de esta piscina. De esta forma se le ayuda y además forma parte de la estrategia PSOE-IU de privatización de las instalaciones deportivas.
Y por otro lado me reservo la parcela –de “oro”- para destinarla a fines lucrativos y que el ayuntamiento haga caja.
Mientras Aminetu Haidar, lleva más de 26 días en huelga de hambre por la libertad del pueblo saharaui el Alcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya (PSOE), acompañado por el concejal de Educación, Alarico Rubio (IU), la directora de Cooperación, Inmaculada Muñoz y Mercedes Chillada de la Fundación Leganés para el Deporte, han visitado la daira de La Güera en los campamentos de refugiados saharauis del desierto de Tinduf en Argelia, que está hermanada con la ciudad de Leganés desde 2001.
Vaya por delante que nos parece bien y adecuado visitar las ciudades hermanadas, pero cuando una dirigente destacada del pueblo saharaui está en una huelga de hambre por la libertad de su pueblo se debería hacer algo más que una visita ya programada de antemano, antes de conocerse la actitud tomada por esta activista saharaui el pasado mes de noviembre.
La visita tendría sentido si desde el Ayuntamiento se estuviera haciendo algo para contribuir con la lucha de Aminetu y del pueblo saharaui, a no ser que no se quiera molestar al PSOE y al gobierno de Zapatero.
¿Cómo se explica que se esté de viaje y que el Ayuntamiento no haya publicado ninguna resolución y/o acuerdo del Pleno Municipal pidiendo al Gobierno medidas para el retorno de Aminetu a El Aaiún?
¿Es que no ha habido tiempo o es que no se quiere molestar al Gobierno de Zapatero por parte del PSOE e IU en Leganés? No era tan difícil aprobar una resolución de la Junta de Portavoces o la convocatoria de un Pleno Extraordinario, como así ha ocurrido en otras ocasiones, para manifestar el rechazo de lo que está ocurriendo con Aminetu, ademas de apoyar al pueblo saharaui y convocar a la ciudadanía a actos de respaldo a Aminetu.
En otras ocasiones el gobierno local se ha posicionado sobre distintos asuntos colocando pancartas u otras llamadas para sensibilizar a la ciudadanía. En este caso nada. El viaje debería haber estado precedido de un acuerdo de este tipo, sobre todo para que no parezca tan solo un viaje para acallar sus remordimientos de conciencia.
La coherencia y compromiso político nos debe llevar a que los hermanamientos deben tener un contenido de compromiso político e incluso ideológico, máxime cuando estamos ante pueblos reprimidos, perseguidos, sin el reconocimiento a su derecho a la autodeterminación y a su territorio.
Desde Ciudadanas y Ciudadanos por el Cambio (CXC) reafirmamos nuestro compromiso con Aminetu y el pueblo saharaui.
Celebramos en estas fechas el 31º aniversario de la Constitución Española y viene adecuada dicha efemérides para conocer si el Ayuntamiento de Leganés trata por igual a todos los ciudadanos y ciudadanas en cuanto al cumplimiento de las normas.
El artículo 14 de la Constitución establece que “Los españoles son iguales ante la ley...”
Cuando cualquier ciudadano comete una infracción de tráfico (ejemplo: estacionar el vehículo en lugar inadecuado), comete alguna infracción a las ordenanzas municipales de buen gobierno (tirar la basura a deshoras, etc.) o realiza algunas obras de menor cuantía en su domicilio sin la licencia pertinente; es sancionado por llevar a cabo estas actuaciones sin ajustarse a las normas, como no puede ser de otra forma.
Sin embargo hay otros ciudadanos y sociedades que realizan actividades sin ajustarse a las normas y sin embargo no son ni perseguidos, ni sancionados; ni mucho menos multados.
Leganés es un chollo para unos pocos con el consentimiento del gobierno local de este ayuntamiento. En Leganés:
-Se puede tirar un edificio histórico como es la Ermita de la Mora, y no ser sancionado e incluso se pretende legalizar tal barbaridad por unos cuantos euros.
-Se pueden abrir centros comerciales a los que se les da la licencia pertinente de apertura meses después.
-Se puede promocionar y ofertar Lofts que no están previstos en el actual Plan General de Ordenación Urbana y las autoridades municipales sin hacer nada.
-Se puede inaugurar un centro deportivo privado con la participación de la Presidenta de la Comunidad de Madrid y el Alcalde y darle unas semanas después la licencia de obras.
-Se puede construir una iglesia en suelo que no está adecuadamente recogido en el Plan General y modificar este unos años después para que esté legalmente construida.
-Se puede construir más de lo permitido que “no pasa nada”, nadie te lo va auditar y por lo tanto sancionar.
-Se pueden instalar churrerías en la vía pública sin la pertinente licencia, porque lo dice alguien del Equipo de Gobierno, aunque eso signifique competencia desleal con aquellos establecimientos que han tenido que sacar sus licencias y pagar los impuestos correspondientes.
-Se dan licencias de obras cuando estas llevan varios meses desarrollándose.
-Se pueden colocar antenas de telefonía móvil, nocivas para la salud, sin licencia de obras e instalación. Las compañías de telefonía ganando dinero y sin pagar las licencias ni los impuestos que se deberían.
-Se pueden ver “baretos” funcionando sin licencia de apertura y hasta que no ocurre un accidente o un desgraciable incidente, no se ponen medidas, echando la culpa de todo a la supuesta burocracia si llega la ocasión.
-Se puede ver todos los días como se cae la Ermita de Polvoranca, no hacer nada por evitarlo y echar la culpa al empedrado o al terremoto que se me ocurra.
-Etc.
¿A todos estos se les trata igual que al resto de los ciudadanos? NO
La conclusión final es que no se trata a todos los ciudadanos por igual, por lo menos a algunos se les permite ciertas actitudes irregulares y no acordes a las normas.
¿Es esto el valor de “JUSTICIA” que defendemos desde la izquierda?
¿Cuándo van a ser medidos por el mismo rasero los grandes y cercanos al gobierno y el resto de los ciudadanos?