Ésta es la lista de todas las contribuciones publicadas en este Web site, en orden cronológico.

Este año no se ha abierto la Piscina de Solagua. Ya venían intentando su cierre desde hace varios años para destinarla: unos al futuro desarrollo urbanístico y otros para la construcción de un complejo deportivo privado.

Pretendían entonces, un club privado deportivo con campo de golf incluido. ¡Vamos algo que va mucho con lo del deporte base y con las demandas de los ciudadanos de nuestra localidad! Tampoco parece tener mucho que ver con la sostenibilidad medioambiental de la que tanto hablan.

Nos preocupa que se cierre una instalación deportiva que utilizaban los ciudadanos que no disponen de piscina privada, fundamentalmente los que menos recursos económicos tienen, y nos preocupa que esta instalación vaya a ser destinada a uso privado para unos pocos.

Habrá que ver al PSOE y a IU cediéndola para un club privado o a lo mejor incorporándola a los futuros desarrollos urbanísticos de la zona.

¿La política de reducción de servicios públicos no es la que abandera Esperanza Aguirre?

Aquella frase del alcalde que venia a decir que si para cumplir su programa electoral (el del PSOE que es el que manda) se vendería el patrimonio municipal que hiciera falta, se está cumpliendo.

Hemos asistido a la venta de parcelas para hacer casas y chalets para ricos, a la venta de parcelas industriales para hacer caja y tener dinero en el Ayuntamiento.

Y ahora conocemos que en la Junta de Gobierno del 20 de mayo han aprobado, entre otros acuerdos que afectan a la ampliación del Polígono Industrial del Automóvil, la monetización de la cesión del 10% de aprovechamiento.

Esto significa que en vez de que nos cedan suelo, en este caso industrial, para hacer Centros de Empresa o naves de alquiler para pequeños industriales, cobramos el valor y lo metemos en caja.

Como podemos comprobar cada vez tenemos menos suelo público (patrimonio municipal) y lo que vendemos no es para comprar otro suelo.

Pero es que además parece que la venta no es necesaria si tenemos en cuenta que llevamos 3 años dando superávit (que no se gasta lo que está presupuestado para beneficio de los ciudadanos), que supone más de 30 millones de euros en el presupuesto municipal.

Nos cabe una pregunta: ¿lo de vender suelo municipal de esta manera es de izquierdas?

HASTA SEPTIEMBRE. BUEN VERANO

El reciente Informe que ha presentado esta Asociación demuestra, entre otras cosas, que en este mandato municipal las cosas se han salido de tono: aumento abusivo de cargos de confianza, coste económico excesivo para el mantenimiento del aparato político, inexistencia de funciones que deben desempeñar los cargos de confianza, colocación de conocidos en empresas públicas, creación de órganos para dar cobertura a “otros”. Y todo ello no sirve para mejorar el funcionamiento del Ayuntamiento y de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos. La sensación que hay en la calle es que todo esto tan solo sirve para colocar amigos del partido. Lo que busca el gobierno local es resolver las cuestiones internas de sus partidos, pero a costa del dinero de los impuestos que pagamos todos.

Todo ello choca con la situación de crisis en la que estamos inmersos y poco tiene que ver con el discurso que hace Zapatero y el PSOE sobre la situación económica y la obligación de los que gobiernan de dar ejemplo.

Desde Zapatero hasta diferentes cargos de la dirección socialista han manifestado la intención de actuar sobre estos aspectos para dar ejemplo: congelar sueldos de cargos públicos, reducción de gastos en la administración…

Incluso pretenden presentar mociones donde están en la oposición para tomar medidas al respecto. Está bien, pero lo primero es dar ejemplo y un buen caso lo tenemos en Leganés.

En el caso de Leganés, congelarse el suelo suena a risa después de lo que se lo han subido, pueden aguantar un año (y hasta algunos más) y luego…

Algunas medidas deberían ir encaminadas a: la reducción de cargos de confianza, la unión de delegaciones (teniendo en cuenta que algunas parece que tan solo tienen cargos de confianza), potenciar el papel del personal municipal directivo, emprender medidas de mejora en la prestación de los servicios (no nos estamos refiriendo a las “cartas de calidad”) y de atención e información a los ciudadanos (tampoco nos referimos al SAC-móvil), mejorar la atención a los ciudadanos en los barrios más que en la creación de nuevas dependencias para que cada concejal tenga su “reino”, en la transformación de gastos “para agradar”, en gastos que repercutan en la atención a los ciudadanos…

¿Se plantea el gobierno local hacer algo de esto?

¿El PSOE en Leganés hará algo de lo que dice su partido oficialmente o se quedarán en la simple congelación (no pasarán frío) de los salarios de los concejales y de toda la nómina de cargos de confianza?

Las denuncias presentadas contra clínicas en las que se practica la interrupción del embarazo han puesto de manifiesto la necesidad de regular esta actividad en nuestro país.

Frente a la mayoría de los países europeos, que tienen en sus regulaciones una Ley de Plazos, España no tiene ley de aborto y sí una despenalización de la interrupción del embarazo que viene recogida en el Código penal. Estamos pues ante una regulación que penaliza la interrupción del embarazo –hay que recordar que fue tramitada hace 22 años, y ante una fuerte controversia social y política- y donde tuvieron prevalencia los postulados conservadores.

La despenalización sólo está permitida en tres casos: por violación, por graves defectos físicos del feto o por peligro grave para la salud física y psíquica de la madre. Los dos primeros se pueden alegar dentro de las 12 y 22 primeras semanas, respectivamente, mientras que el último no tiene límite.

Para colmo, en los centros sanitarios públicos los profesionales se han apuntado en avalancha a la objeción de conciencia, con lo que estas intervenciones médicas se vienen realizando casi en exclusividad en centros privados. Lo que sigue dando ese carácter de ilegal a estas actuaciones sanitarias.

Pero las mujeres españolas demandamos una Ley de Derechos y no de despenalizaciones, como el resto de ciudadanas europeas. Y queremos una Ley de aborto porque hay embarazos no deseados que tienen que resolver directamente las implicadas.

Frente a las penalizaciones, hay que pedir más educación sexual para evitar los embarazos no deseados. Tenemos experiencias que nos dan pistas claras al respecto. Países como Bélgica, Alemania y Holanda que tienen leyes de las más permisivas son los que tienen los porcentajes más bajos de aborto. Y también son los países con amplios programas de educación sexual.

Que el gobierno siga avanzando en ese borrador de Ley de aborto y que incorpore a los grupos de mujeres a la comisión de expertos, pero sobre todo que esta vez sea aprobada de una vez por todas y que no sea otro engaño o amago; ya que ha habido oportunidades anteriormente y el PSOE las ha eludido.

Pero no hay que olvidar que también hay que actuar sobre la sanidad pública para hacer que ese derecho sea efectivo realmente.

Les voy a contar una anécdota que me ocurrió, como integrante de la Asociación CXC (Ciudadanos por el Cambio) el pasado 12 de septiembre. A las 20:47 horas recibo un correo electrónico con el siguiente texto: “No sé cómo se os ha podido ocurrir designar a Enrique Riobóo como gerente del periódico que vais a publicar próximamente. Tened mucho cuidado con este tío, porque os va a meter con sus historias en una situación que os va a causar muchos quebraderos de cabeza. Tengo información sobre este individuo que me gustaría compartir con vosotros, para que pudiéseis al menos valorar los riesgos a los que os vais a enfrentar. Si queréis contactar conmigo, pasadme un número de teléfono de alguno de vosotros y os llamo. Os lo digo porque el asunto puede ser bastante fuerte”. Este correo tenia como nombre “CUIDADO CON RIOBOO” y era enviado desde la siguiente dirección de correo electrónico: cuidadoconrioboo@hotmail.com.

El 12 de septiembre no sabia quien era ese señor y por tanto lo achaque a un spam más; pero hete aquí que el 15 de septiembre recibo una llamada que por circunstancias no oigo y al ponerme en contacto con ese teléfono resulta que es la empresa pública Legacom. Me identifico, pregunto quien me ha llamado y me contestan que un tal David, que en esos momentos no estaba en la sede de la empresa pública.

Por la tarde recibo la llamada del tal David, que se identifica como responsable de medios audiovisuales de Legacom y me manifiesta que han estado viendo los medios de comunicación locales con la intención de colaborar con ellos e intercambiar soportes comunicativos, entre los que se encontraba “vuestra página web que está bien estructurada, bla, bla, bla....”. En definitiva regalándome los oídos, para a continuación preguntar si la Asociación CXC “Ciudadanos por el Cambio” estaba detrás del nacimiento de un nuevo periódico o tenia algo que ver en ello. Acto seguido me indicaba las maldades de ese señor Riobóo (léase el texto del correo electrónico) que yo no conocía de nada y con engaños vino a decir que la cabecera del nuevo periódico era “El Periódico de Leganés”, que coincide con la cabecera de nuestro periódico digital. Es decir, intoxicando. Porque la cabecera del nuevo periódico es D LEGANES.

Después de esta conversación ligué estas presiones con el nuevo periódico mensual que aparecerá en octubre y al tal David con el trabajador de plantilla de Canal 33 que dejó plantado a esta empresa comunicativa por un mejor sueldo en Legacom y tiene, entre otras misiones, presionar a los ciudadanos.

¿Cómo es posible que desde un Ayuntamiento y una empresa pública pueda intimidarse a un ciudadano, llamarle a su teléfono móvil particular a presionarle por la supuesta elección de un director de un nuevo medio de comunicación?.

Es inaudito e impresionante que un empleado público, cobrando de los impuestos de todos los ciudadanos, se permita opinar personalmente sobre un ciudadano por querer editar un medio de comunicación y tratar, por todos los medios, de tener controlado todo lo que se mueva en la ciudad y sea contrario a los intereses del alcalde y del Equipo de Gobierno.

Estamos viviendo con preocupación la evolución diaria sobre la crisis económica que se vive en el mundo y en nuestro país. Aquí, en Leganés, se dice que el próximo presupuesto municipal no va a ser restrictivo pero ya veremos como sí lo será y máxime cuando en los últimos años hemos asistido a grandes partidas económicas que no se han gastado a pesar de estar presupuestadas, dejando a los ciudadanos sin las inversiones prometidas y, consecuentemente, empeorando los servicios públicos. Porque esta es una de las artimañas de las que se ha servido Antonio García, concejal de Hacienda, para tener los suculentos superavits que ha tenido el Ayuntamiento en los últimos años.

Los ciudadanos se están dando cuenta de que prometer y luego no gastar –superávit- para mejorar la calidad de vida de los leganenses es una cantinela repetida, al menos en los cuatro últimos años; y con toda seguridad se volverá a repetir en el que estamos.

Esta situación, unida a los acontecimientos que venimos viviendo en el último año pudieran estar acelerando el desinterés de los ciudadanos y ciudadanas por los que nos gobiernan y que se reclaman de la izquierda. Y sepan ustedes que esto a nosotros nos incomoda, nos lleva a constatar dicha situación y a plantear alternativas para evitar que la derecha gobierne en el 2011 en Leganés.

A la falta de PROYECTO DE CIUDAD de los que nos gobiernan en Leganés, Zapatero podría echar una mano y resolver con su participación algunas cuestiones que afectan a Leganés y que son responsabilidad de su gobierno, veamos con qué se podría contribuir:

1. Al soterramiento de las vías del ferrocarril firmando un convenio con el Ayuntamiento de Leganés que obligaría a la Comunidad de Madrid a participar igualmente en la financiación de este importante proyecto para la ciudad.
2. Al traslado del aeródromo de Cuatro Vientos para evitar los riesgos que esa actividad genera sobre el municipio de Leganés y en el barrio de La Fortuna, en particular.

3. A empezar, de una vez por todas, el polideportivo comprometido en Valdepelayos por el Consejo Superior de Deportes.

4. Entregando al Ayuntamiento el inmueble del Cuartel de la Guardia Civil para destinarlo a equipamientos sociales y poder hacer una zona estancial amplia en la zona centro.

5. A permutar los terrenos de la actual Comisaría de Leganés para que la ciudad pueda disfrutar de un edificio singular y recuperar lo que hoy es una campa de coches para zonas estanciales de los ciudadanos en la zona centro.

6. A acelerar la creación de los carriles Bus en las carreteras de acceso a Madrid para mejorar las comunicaciones y reducir el tiempo que empleamos en ir al trabajo.

7. A cerrar la línea C-5 de cercanías para mejorar las comunicaciones en la zona y mejorar la calidad del servicio –trenes- de una línea que usamos para ir al trabajo, estudios, etc., y que es la más utilizada del país. Invertir un poco más en lo que se llamaría “alta ocupación” –cercanías- que en “alta velocidad”.

¡A que el Gobierno de Zapatero puede hacer algunas cosas para mejorar Leganés!

En estos días estamos asistiendo a la tensión que tienen los miles de jóvenes que en plena campaña electoral echaron una solicitud para una vivienda.

Cuando esto ocurrió no había suelo para las posibles viviendas, no se sabía nada de proyectos, nada de fechas de sorteos y de inicio de obras; nada de lo referente a las posibles viviendas para la que efectuaban la solicitud.

Pero claro estábamos en campaña electoral y alguien pensó que era una buena medida para ver si captaban miles de votos y que iban a obtener muchos concejales.

Ahora vamos conociendo más sobre la situación económica en la que se encuentra la empresa y analizando las liquidaciones conocemos que en los últimos años han arrojado importantes déficit. En el año 2005 el déficit alcanzó los 9.978.333 euros, en el 2006 los 674.059 y en el 2007 fueron 8.973.425 euros; acumulando un déficit de 19.625.814 euros.

Esto situación ha derivado en la reducción de capital en dos ocasiones y medidas que van a afectar a la gestión de los próximos años en la empresa.

Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento, único accionista, ha aportado parcelas industriales para lo que podríamos denominar “hacer caja” y que de las parcelas residenciales se sacan recursos hay que pensar que la gestión en los últimos años ha sido pésima.

Atrás quedan los festivales de artistas millonarios, el tema del reloj de la plaza mayor, el túnel del Paseo Colón por el que no pasan los miles de automóviles que iban a pasar, los gastos en publicidad en paralelo con los de la formación política del presidente-gerente, que nunca sabíamos de quien era la publicidad si de la empresa o de la formación política, etc.

Todo ello sin entrar a analizar asuntos sobre inspecciones fiscales, contrataciones de personal, incumplimiento de fechas de entrega de viviendas y aparcamientos, sobre costes de las obras, etc.

¿No creen ustedes que se debería llevara a cabo una auditoria de la empresa para conocer su estado y posteriormente poner los medios adecuados para que esta empresa siga siendo útil para los ciudadanos?

Nos tememos que se han cargado la imagen y la solvencia de la empresa EMSULE.

Y recuerden que todo esto gestionado por un concejal que ahora se dedica a vender parcelas públicas para hacer viviendas para ricos. ¡Toma Ya!

Después de todo esto, nosotros apostamos por este tipo de empresas públicas que construyan viviendas protegidas y de alquiler.

El Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Leganés, una vez que se apruebe, llevará consigo: Más cargos de confianza, mayor poder para el Alcalde y disminución del control para éste, incluso entre los propios concejales de su equipo. Menor transparencia para los ciudadanos. Surge la figura del concejal no adscrito sin derechos. Mayores trabas para el control de los concejales en el Pleno. La Junta de Gobierno junto con Alcaldía suplen las competencias actuales del Pleno Municipal. Algunos cargos de confianza suplirán las labores de los funcionarios. Ceden a las presiones de la derecha para que las intervenciones de los ciudadanos no consten en el acta del Pleno Municipal y, por tanto, en los acuerdos del Pleno.

Estas son algunas de las consecuencias del nuevo Reglamento que se aprobará en breve por el Pleno Municipal debido a nuestra adhesión a la Ley de Grandes Ciudades. El borrador, que hasta ahora hemos conocido, es fruto del acuerdo entre el PSOE e IU y podríamos definirlo como un reglamento para:

1. Definir que quien manda en la ciudad y en el Pleno Municipal es el Alcalde.
2. Evitar, cuando no entorpecer, el trabajo de la oposición.
3. Disminuir la transparencia e información a los ciudadanos.
4. Resolver “lo suyo”: cargos de confianza, evitar que me controlen la gestión, etc.
5. Los 27 concejales en la nómina municipal
6. Grupo municipal con un mínimo de dos concejales
7. Más cargos de confianza y órganos municipales donde ubicarlos porque el Alcalde pretende rodearse de más cargos de confianza y más “aparataje” y, en algunos casos, suplirán las labores de los funcionarios
8. La Junta de Gobierno suplirá al Pleno Municipal
   

¿Se acuerdan del fiasco de túnel del Paseo Colon?
Ya saben que el anterior presidente de EMSULE, Raúl Calle, llevó a cabo la construcción de un túnel en el Paseo de Colón por el que decía que iban a pasar 4.000 vehículos al día, casi nada.
Este túnel con importantes deficiencias, que ya constató un informe del departamento de tráfico del propio Ayuntamiento, además de suponer un coste elevadísimo, no ha solucionado los problemas que pretendía evitar.
Muy al contrario ha generado otros grandes riesgos para el tránsito de vehículos: los autobuses pasan rozando las paredes y ni que decir de los camiones, las salidas de rampa acaban en pasos de peatones, los autobuses que se paren en las rampas no podrían efectuar la evacuación por emergencias, etc.
Ahora se han planteado desde la concejalía de Sostenibilidad y Tráfico el desvío de las líneas de autobuses que pasan por dicho túnel y llevarlas por itinerario alternativo por el riesgo que entraña pasar el transporte público por dicho túnel.
¿Y qué pasa con los peatones? En superficie las aceras que han quedado son escasas, con farolas en medio y por las que no cabe ni una silla de ruedas, ni un carrito de un bebé.
El Ayuntamiento de Leganés al darse cuenta del fiasco generado por EMSULE llevó a cabo un convenio con los titulares del Colegio de la Inmaculada para ensanchar la acera en el Paseo Colón.
Este convenio se aprobó en el Pleno Municipal del 14 de noviembre de 2006 y matizado, en cuanto al texto del convenio, en el Pleno Municipal de 13 de febrero de 2007. Con el Convenio se pretende ganar a la acera del Paseo Colón que linda con el colegio 1,10 metros, retranqueándose la fachada en este espacio y generándose una nueva valla perimetral del colegio que costearía el propio ayuntamiento.
Esta es una buena decisión para paliar el fiasco realizado por EMSULE entonces, pero el problema radica en que han pasado 2 años y aún no se ha llevado a cabo. Y los ciudadanos no pueden transitar adecuadamente por el Paseo Colón.
Nuestras dudas son: por qué hasta ahora no se ha llevado a cabo dicha actuación para ensanchar las aceras, por qué ahora se tiene que desviar el tránsito del transporte público cuando este túnel se hizo entre otras cosas para meter los autobuses por debajo.
Esta nefasta situación y sin que nadie rinda responsabilidades.

El Ayuntamiento de Leganés pretende aprobar en el Pleno Municipal del próximo martes el Reglamento Orgánico Municipal (de nulo interés para los ciudadanos ya que no les afecta en nada) como consecuencia de que Leganés está acogido a la Ley de Grandes Ciudades.

Decimos que de nulo interés porque tan solo regula lo que les afecta a ellos, lo interno, pero no regulan lo que igualmente contempla esta Ley como son: El Consejo Social de la Ciudad y la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.

Estas dos instituciones locales, reguladas en la Ley en sus artículos 131 y 132, son órganos de participación y fiscalización ciudadana a las que no parece dar prioridad el gobierno local. Pues bien, pretenden aprobar en el próximo pleno el Reglamento Orgánico Municipal a la misma vez que pudieran vulnerar la propia Ley como a continuación detallamos:

LEY 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. (B.O.E. de 17 de diciembre 2003)
Régimen de organización de los municipios de gran población
CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación
Artículo 121. Ámbito de aplicación.
1. Las normas previstas en este título serán de aplicación:
a) A los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes.
b) A los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes.
c) A los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas.
d) Asimismo, a los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales.
En los supuestos previstos en los párrafos c) y d), se exigirá que así lo decidan las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos ayuntamientos.
2. Cuando un municipio, de acuerdo con las cifras oficiales de población resultantes de la revisión del padrón municipal aprobadas por el Gobierno con referencia al 1 de enero del año anterior al del inicio de cada mandato de su ayuntamiento, alcance la población requerida para la aplicación del régimen previsto en este título, la nueva corporación dispondrá de un plazo máximo de seis meses desde su constitución para adaptar su organización al contenido de las disposiciones de este Título.
A estos efectos, se tendrá en cuenta exclusivamente la población resultante de la indicada revisión del padrón, y no las correspondientes a otros años de cada mandato.
3. Los municipios a los que resulte de aplicación el régimen previsto en este título, continuarán rigiéndose por el mismo aun cuando su cifra oficial de población se reduzca posteriormente por debajo del límite establecido en esta ley.
(El subrayado es nuestro)
Se entiende que el Gobierno Local está vulnerando la propia ley a la que se pretende acoger, ya que no cumple con el artículo 121.2 …la nueva corporación dispondrá de un plazo máximo de seis meses desde su constitución para adaptar su organización al contenido de las disposiciones de este Título.

Leganés se acogió a la Ley de Grandes Ciudades en junio de 2004 y desde entonces ha habido tres gobiernos distintos (alcaldías de Ráez, Bragado y Montoya) y en concreto han pasado 17 meses desde la constitución de esta nueva Corporación. ¿A que han tenido tiempo para su aprobación?

Pues bien, han pasado más de los seis meses que define la norma y nos interrogamos si el Ayuntamiento de Leganés debería volver a solicitar a la Asamblea de Madrid la calificación de Gran Ciudad.

Una vez más nos interrogamos:

¿Además de no tener interés este Reglamento para los ciudadanos, será legal el acuerdo de éste?

¿Será impugnable dicho acuerdo?

¿Habrá seguridad jurídica de los acuerdos que se tomen como consecuencia de la aplicación de dicho Reglamento?

Nosotros apostaríamos por hacer las cosas bien, conforme a las normas y que sean para utilidad de los ciudadanos y del funcionamiento de la Ciudad.