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A finales del mes de diciembre de 2007 el Pleno del Congreso aprobaba la Ley de la Memoria Histórica. Uno de los artículos fundamentales de esta Ley es el 15, que extiende a todas las entidades públicas y privadas, así como a los particulares, la obligación de retirar los símbolos franquistas e impone a "las Administraciones Públicas", esto es a todos los alcaldes, la "retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones de la conmemoración".

Tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, la Asociación “Ciudadanos y Ciudadanas por el Cambio” reclama al Alcalde de Leganés y por ende al Pleno Municipal que retire los símbolos vinculados a la extinta dictadura franquista como son los nombres de tres calles de la ciudad (General Aranda, Teniente General Muslera y Capitán Muro Duran) y el cambio de denominación del edificio “Ramiro de Maeztu”. Además proponemos la retirada de las placas existentes en múltiples edificios de viviendas de la ciudad construidas por la extinguida “Delegación Nacional de Sindicatos” o del franquista Ministerio de la Vivienda, por incluir, en ambos casos, el símbolo del yugo y las flechas, un símbolo que representa la división de los españoles, según recoge la Ley de Memoria Histórica.

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La Asociación Ciudadanas y Ciudadanos por el Cambio ha denunciado el derribo de la ermita de la finca de la Mora. Con ellos creemos que se ha cometido un atropello histórico en Leganés. Uno de los pocos vestigios de la actual ciudad proveniente del siglo XVI, uno de los más prósperos de Leganés en materia de patrimonio inmobiliario eclesiástico en el devenir de la historia local, ha desaparecido. En la actual ciudad quedan muy pocos inmuebles que recuerden a este pueblo castellano tal como era hace varios decenios, salvo la iglesia de San Salvador, las ermitas de Butarque y de San Cristóbal, ademas del psiquiátrico de Santa Isabel. Ante este atropello al patrimonio histórico de Leganés, el Ayuntamiento no ha tomado una decisión ni ninguna postura al respecto. Esperemos que en breves fechas dé a conocer las medidas que está dispuesto a tomar

Hemos leído en la prensa local que el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Leganés, Jesús Gómez, está mediando en el conflicto entre la empresa URBASER y sus trabajadores. Aunque en este caso es bienvenida cualquier iniciativa para solucionar el conflicto laboral y conseguir por parte de los trabajadores sus justas reivindicaciones, nos ha sorprendido que sea el portavoz de la derecha local y no el propio Ayuntamiento - con su alcalde a la cabeza o bien el concejal de Obras, Infraestructuras y Servicios a la Ciudadanía por estar implicado indirectamente-, quien se ha adelantado a la Institución Municipal.

El alcalde solamente se ha preocupado de manifestar públicamente que el conflicto no era un tema entre el Ayuntamiento y los trabajadores, sino entre una empresa privada y sus empleados. Mejor hubiera hecho buscar una solución inmediata porque, en última instancia, el perjudicado y afectado es el propio Ayuntamiento. De los errores hay que aprender y estar más atento para dar una salida a los conflictos que directa o indirectamente afecten al Consistorio. Esperemos que en un futuro no sea la derecha la que tome la iniciativa.

Los sindicatos acaban de comunicar que no es cierta la mediación en el conflicto entre los trabajadores y la empresa URBASER por parte del portavoz del PP.

Al PP hay decirle que siguen con su política informativa de la mentira compulsiva a la opinión pública y a la ciudadanía. Mintieron con el atentado del 11-M, reiterando que había sido ETA la culpable, siguieron mintiendo los cuatro años de la anterior legislatura apoyados por los medios de comunicación de la derecha en la Comunidad de Madrid (El Mundo, Tele Madrid y la COPE, entre otros), mintió la anterior portavoz local del PP de Leganés cuando estaba en la oposición y en su efímera etapa de alcaldesa y, para seguir la tradición familiar, miente el actual portavoz del PP, Jesús Gómez, al autoproclamarse mediador en el conflicto de Limpieza Viaria de Leganés.

Pero lo más grave es que lo deja por escrito en sus notas de prensa con fecha 2, 5 y 6 de mayo como “las gestiones del mediador”, de las que se hacen eco los medios de comunicación local. Consultados medios sindicales han asegurado rotundamente que el portavoz del PP no ha estado sentado en la mesa de negociación del conflicto de Limpieza Viaria de Leganés.

Por último insistimos en que quien tiene que jugar un papel importante en la resolución del conflicto es el Alcalde o en quien delegue, por el bien de los trabajadores y del servicio que se presta a los ciudadanos.

Este es el titular del periódico local “Mercado” que da la noticia. Recogemos de su articulo básicamente todo el contenido porque nos parecen acertadas todas sus aseveraciones. Manifiesta el periodista local, José Sevilla, que el “Ayuntamiento, que defiende los desplazamientos en bici por la ciudad y el uso del transporte público, dispondrá para sus primeros ediles de un vehículo casi de lujo -similar a los usados por los ministros- de 2.700 centímetros cúbicos y, en un principio, un inhibidor bibanda de frecuencia para evitar los atentados con bomba”.

“De esta manera, el municipio se ahorra 10.000 euros ya que el pliego inicial, llevado por Montoya a los plenos de finales de 2007, establecía en 90.000 euros el precio de su vehículo, sin blandar, pero con un inhibidor tríbanda de ondas (como el de Zapatero y De la Vega)”.

Y nosotros añadimos había realmente una necesidad imperiosa de cambiar el vehículo que poseía el anterior alcalde. ¿Se le salía el aceite?, ¿Tenia problemas de motor?. ¿Olía mal en su interior?. No comprendemos este despilfarro faraónico de este nuevo alcalde que desde que tiene conocimiento de razón ha vivido del erario público y esto nubla la vista a cualquiera, le hace alejarse de la realidad cotidiana y a tomar decisiones impropias de un socio listo.

Ha ocurrido lo que tenia que ocurrir. Ahora todos se echan las manos a la cabeza y se sorprenden de lo que ha pasado este fin de semana en la Cubierta. Pero hay que ir a la raíz del problema para realmente culpar indirectamente a los dos partidos políticos que fueron los padres de la criatura: PSOE y PP de Leganés. Tanto monta, monta tanto.

Al primero por dejarse seducir por la derecha rancia que, envuelta en papel de licenciado, ocultaba los verdaderos intereses que había detrás de esa construcción. Al segundo por utilizar lo que ahora su partido critica en los Plenos: cesión de suelo público para fines privados.

¿Qué necesidad había de construir una plaza de toros en Leganés, y además en el centro de la ciudad?. Ninguno. Como lo demuestra la plaza casi vacía en las corridas programadas estos últimos años. El objetivo estaba claro, porque los costes de esta plaza los sufragaban –según los promotores- la venta de los locales de copas que se tenía previsto ubicar, por tanto, ya estaba el caldo de cultivo para que la plaza de toros se convirtiera en un lugar de gran concentración de jóvenes los fines de semana.

Esto ya lo preveía IU entonces, que se opuso rotundamente a la construcción de este coso tabernero por las consecuencias que podía acarrear y por ello nos llamaron iluminados y carentes de sentido común. E incluso nos engañaban manifestando que una parte importante de los locales se iban a destinar a comercios y tiendas de ropa con algún que otro bar de copas.

El que siembra vientos, recoge tempestades.

Se cumple un año de las elecciones locales y de la constitución de la actual corporación municipal. Por tanto, es una buena oportunidad para efectuar un balance de lo que ha sido este año, balance que estamos elaborando desde esta Asociación y que os presentaremos en breve.

Un año que comenzó con unas elecciones municipales que nos dejaban un descenso de la izquierda local, la elección de un GOBIERNO LOCAL DE DERECHAS que facilitó IU y finalmente un alcalde del PSOE como consecuencia de una moción de censura.

A partir de aquí todo han sido desaciertos y lo que es más grave se ha dejado ver la ausencia de Proyecto de Ciudad de este gobierno local y el permanente rosario de conflictos y escándalos en los que está envuelto.

Ya sea los más de 60 cargos de confianza, las colocaciones a dedo en empresas públicas, la intentona de colocarnos una cárcel, el bochorno con la tasa de basuras, el viaje a Holanda, la ausencia de proyectos nuevos (están trabajando con los del equipo anterior), el nuevo superávit municipal por tercer año consecutivo, el cochazo del alcalde como prueba de un alcalde de izquierdas y austero, el conflicto de la limpieza viaria…

Casos como el derribo de la ermita de la finca de la Mora, el derribo de otra casa neomudéjar, la venta de suelo para hacer viviendas para ricos y, más recientemente, el caso de los baretos de la Cubierta o el conflicto de las antenas de telefonía móvil reflejan un desinterés por la gestión de lo público.

Aunque estemos ya casi en verano el slogan que bien podríamos adjudicar a este gobierno en lo que va de año sería, “ande yo caliente, ríase la gente”.

Hace catorce meses, el entonces presidente de EMSULE, lanzaba en plena precampaña electoral la propuesta de abrir una lista de solicitantes de vivienda de protección pública–que estuvo abierta desde el 23 de abril hasta el 20 de julio- supuestamente para la adjudicación de mil viviendas que la empresa pública promocionaría en el Plan Parcial número 5 de la localidad.

A esta llamada acudieron, según fuentes de EMSULE, unos 15.000 vecinos que aspiraban a una de las mil viviendas. Después de un año, por fin se descubre la verdad porque el actual presidente de EMSULE ha reconocido que esta empresa pública todavía no es propietaria de los terrenos sobre los que construir las 1.000 viviendas y posiblemente no lo sea hasta mediados del año 2009.

¿Qué opinas de esto?

Se acaba de aprobar en el Parlamento Europeo la Directiva relativa a procedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio, conocida coloquialmente como “Directiva de Retorno”.

Y por otra parte se pretende aprobar otra Directiva que regula la semana laboral de 65 horas.

La respuesta a la pregunta del enunciado es que estamos en una Europa con hegemonía conservadora o de derechas y que pretenden llevar a cabo reformas que en su país tendrían dificultades y quieren imponerlas desde el marco europeo.

Para los españoles significa, de aprobarse las dos directivas, un retroceso importante en cuanto a derechos sociales que nos tiene que llevar a la toma de posicionamiento y de movilización para concienciar y conseguir su rechazo.

Bien vale un debate en el Pleno Municipal para posicionarse en contra de estas Directivas y de inicio de una campaña de concienciación desde la institución municipal hacia los vecinos de Leganés.

De momento los sindicatos europeos, aprovechando la movilización mundial contra el trabajo precario, han unido sus fuerzas para añadir a ese día un rechazo a la Directiva europea de las 65 horas